Foto Pepe Mateos
Foto: Pepe Mateos

Las familias de las dos jóvenes fallecidas en 2010 como consecuencia del derrumbe en el boliche Beara informaron que tomaron distintas posturas frente a la sentencia del Tribunal Oral Criminal 7 que condenó a los propietarios del boliche y absolvió a funcionarios y policías porteños, conocida en junio de este año, cuyos fundamentos se dieron a conocer este mes de agosto.

El derrumbe ocurrió el 10 de septiembre de 2010 en Scalabrini Ortiz 1638, cerca de las 3.50, cuando terminó un recital del grupo Ráfaga, y minutos después cayó el entrepiso construido con madera y aluminio.

El boliche, al momento del derrumbe, ya había sido clausurado por irregularidades y el Gobierno porteño levantó esa clausura concediendo una habilitación como «salón de fiestas privadas» cuando en realidad funcionaba como discoteca de libre acceso.

La familia de la joven Ariana Lizarraga decidió no apelarla y denunció «los vejámenes» del proceso judicial desde una carta presentada el jueves al Tribunal, y a la que accedió Télam, aunque aclaró que seguirá la causa.

La familia de Leticia Provedo, en cambio, confirmó a esta agencia que apeló la sentencia, en la que le había sido anulado su alegato, para reclamar una revisión porque los jueces «absolvieron a todos los funcionarios públicos» en el caso.

Carta de la familia Lizarraga by Télam on Scribd

Además, recusó al presidente del Tribunal Oral 7 de la Capital Federal, Alejandro Noceti Achaval, por «su estrecha relación con (Mauricio) Macri y el Pro» y la consecuente «protección a los funcionarios del Gobierno de la Ciudad».

La sentencia se conoció el 22 de junio, la lectura de los fundamentos fue el 3 de agosto y este viernes dieron a conocer sus puntos de vista sobre la cosa juzgada.

«La sentencia fue infame, terrible, había pruebas de que los funcionarios habían fallado en sus funciones», dijo a Télam la madre de Provedo, Alicia Tagliaferro.

«A mi marido y a mí ni se nos cruzó por la cabeza no apelar después de 11 años y medio pero es una decisión personal. No me siento en calidad de juzgar la actitud de nadie, fue mucha lucha, y cuatro meses de juicio en los que fui a todas las audiencias», agregó.

«Ahora tenemos que esperar las respuestas, seguramente este tribunal, por cómo es, nos va a negar todo, porque se manejaron así. Al final del juicio todos los imputados les agradecieron por lo bien que habían sido tratados, y a nosotros, los padres de las víctimas, no nos dejaron hablar ni un minuto antes de la sentencia», agregó.

En tanto, el padre de Ariana, Juan Lizarraga, dijo a esta agencia que «después de haber vivido estos cuatro meses de juicio oral, no apelamos por la desilusión y la sorpresa de vivir una experiencia inesperada por la falta de compasión y comprensión. Fue algo muy desagradable lo que nos tocó pasar».

Y añadió que «teniendo tantas pruebas que condenaban a los funcionarios, absolverlos a todos fue algo muy armado, desde la primera audiencia se notó que la balanza no estaba equilibrada, siempre pesaba más el lado del Gobierno que el nuestro. Evidentemente hay presiones sobre los jueces».

Luego aclaró que si bien decidieron no apelar, van a «seguir la causa» y esta decisión fue algo conversado con el fiscal, quien -al igual que la otra querella- también apeló.

«No quiere decir que nos vayamos a alejar ni a desentender de la causa», concluyó Lizarraga.

Entre las situaciones irregulares, el padre detalló que «cuando testimoniaban los testigos llamados por la querella o por el fiscal, eran interrumpidos constantemente, ya sea por los abogados de la defensa o por el mismo presidente del Tribunal pero cuando testimoniaban los (testigos) llamados por la defensa, se los dejaba hablar una hora y media o dos horas sin interrupciones, y si queríamos intervenir no se nos permitía, era demasiado evidente».

«Se llegó a este fallo ridículo y absolutamente parcial», señaló.

En cuanto a la carta, el padre de Ariana explicó que «fue la decisión de la familia» y subrayó que «el 10 de septiembre se cumplirán 12 años que estamos soportando una instrucción absolutamente corrupta, porque la exjueza Alicia Iermini tiene dos procesos por vender causas penales».

Sobre la instrucción, denunció que demoró «ocho años» y que «buscaba claramente la prescripción» de la causa, porque «por ejemplo la causa de Cromañón tuvo seis años de instrucción y la nuestra era mucho más sencilla porque nadie encendió ninguna bengala, los hechos eran muy concretos».

La familia Lizarraga manifestó, a través de una carta al Tribunal, que no apelará la sentancia por la cual se «consagró la impunidad de los funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cómplices y máximos responsables de la muerte de nuestra hija y de su mejor amiga, Leticia Provedo».

En la misiva agradecieron a los letrados que los acompañaron en todo el proceso y denunciaron los «vejámenes en perjuicio de las víctimas y sus deudos» cometidos en la Instrucción.

«No recurriremos -al fallo- porque somos conscientes de nuestra fragilidad política frente a la prepotencia del poder que silenció el caso en los medios de prensa y logró homologar la impunidad en el Veredicto absolutorio», agregaron y expresaron que «ya no estamos en condiciones psíquicas de tolerar más injusticias, hemos tomado la decisión de rendirnos ante una circunstancia ineluctable. No estamos dispuestos a seguir siendo cómplices de simulación de juicio, donde la tragedia de las víctimas continúe sucediendo como un acontecimiento menor frente al poder político de sus victimarios funcionarios del Gobierno de la Ciudad».

Y, añadieron: «Jamás olvidaremos que se probó de manera categórica que los funcionarios públicos sometidos a juicio fueron los que habilitaron esa trampa mortal llamada Boliche Beara».

«No nos han dejado otra alternativa que la resignación. Pedimos disculpas a nuestra hija (…) Quizá pueda entender que el Poder Judicial también nos mató a nosotros», concluyeron.

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