La dictadura del general Alfredoi Stroessner fue de las más largas de América Latina, duró algo más de 34 años (desde agosto de 1954 a febrero de 1989).
Apenas 9.000 personas, la mitad de las 18.700 que fueron víctimas directas o indirectas de torturas y tormentos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, recibieron en Paraguay la indemnización por los daños sufridos, como parte de un programa que se desaceleró por completo en 2020, año en el que apenas se pagó a cuatro beneficiarios.
En materia penal, además, hubo un único fallo condenatorio a un responsable de violaciones a los derechos humanos después de un proceso de 30 años, según un extenso informe de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy), una red que agrupa a unas 30 organizaciones.
«Las demandas de las víctimas de la dictadura se articularon alrededor de los ejes de indemnización, verdad y justicia», con especial énfasis en la cuestión reparatoria, detalló el informe.
La organización tuvo en cuenta la «situación agravada a causa de la avanzada edad y los padecimientos de salud de quienes venían sufriendo las secuelas de la tortura desde los 60 y 70», y advirtió que «la urgencia por percibir indemnizaciones reveló las devastadoras consecuencias personales que la represión dejó a su paso, así como el ominoso legado de la dictadura en la forma de una sociedad radicalmente desigual».
La dictadura de Stroessner fue de las más largas de América Latina, duró algo más de 34 años (desde agosto de 1954 a febrero de 1989) y, según la Comisión de Verdad y Justicia, hubo 18.772 víctimas de torturas, 337 personas desaparecidas y 58 ejecutadas.
Hugo Valiente, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay.
«La experiencia de la dictadura paraguaya es muy distinta a las de los países de la región, aunque fueron aliadas. En Paraguay la desaparición forzada no fue el arma represiva central. Nuestras cifras, proporcionalmente a la población, son superiores a Brasil y Uruguay, y similares a Chile, pero muy inferiores a Argentina. El impacto en la lógica represiva del stronismo fue la prisión prolongada y la tortura», reseñó el abogado Hugo Valiente, de la Codehupy.
En declaraciones a Télam, Valiente detalló que «uno de cada 63 adultos fue víctima de prisión política y uno de cada 66 sufrió tortura, lo que habla del impacto de la tortura como arma represiva», y llamó la atención sobre cómo ese hecho «configura otra situación de víctima porque la dictadura está viva en ella».
Ante un cuadro judicial que se mostró casi inactivo para investigar y penalizar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, la cuestión reparatoria se volvió fundamental.
Una ley de 1996 estableció un sistema de indemnizaciones por daño moral para víctimas de ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas, torturas y detenciones ilegales, pero primero el Gobierno planteó una acción de inconstitucionalidad que la Corte Suprema de Justicia recién zanjó en 1998. Más tarde, la falta de designación del Defensor del Pueblo impidió por años su implementación.
En octubre de 2001 se logró recién el acuerdo para nombrar a un Defensor del Pueblo: fue un dirigente del oficialista Partido Colorado, antiguo funcionario público de la dictadura, sin ninguna trayectoria ni experiencia en derechos humanos. Las primeras indemnizaciones se pagaron en 2004.
«El sistema fue señalado por sus resultados insatisfactorios, en tanto no aseguraba una reparación integral, así como por la excesiva burocratización y revictimización que suponía el procedimiento para acceder a las indemnizaciones», denunció la Codehupy.
Según la Codehupy, durante la dictadura hubo 18.772 víctimas de torturas, 337 personas desaparecidas y 58 ejecutadas.
Nada sorprendente si se tiene en cuenta, además, que recién en 2008 la Comisión de Verdad terminó un informe que solo se difundió por iniciativa de la sociedad civil, que apenas un solo centro represivo fue recuperado para instituirlo como sitio de memoria y que no hubo hasta 2011 un Equipo Nacional para la investigación, búsqueda e identificación plena de personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente.
Este grupo encontró restos de unas 40 personas pero apenas identificó a cuatro, y el programa sufre un fuerte desfinanciamiento, según la Codehupy.
La cuestión de enjuiciar a los responsables del proceso tiene una particularidad: en Paraguay no hubo –no hizo falta- una Ley de Amnistía que impidiera jurídicamente la investigación, el juicio y la sanción de los crímenes de lesa humanidad.
Valiente aseguró que «la impunidad se dio de facto porque el Poder Judicial sigue respondiendo a aquel esquema de poder y es el gran perpetrador de las violaciones».
«Es difícil que tenga una actitud distinta, pese a que hay 450 perpetradores identificados», lamentó.
De ese total, apenas ocho represores están condenados por la justicia, el 1,7 % de los acusados, que la Codehupy considera de alguna manera producto de «una lógica de chivos expiatorios, mandos intermedios y ejecutores de órdenes que pertenecieron a uno de los varios centros represivos».
Los datos son contundentes: hay 141 causas abiertas por crímenes de lesa humanidad, pero en apenas cuatro de ellas hay acusados”
En cuanto a las indemnizaciones, desde 2004 a agosto de 2020, el programa pagó poco más de 640.000 millones de guaraníes (944 millones de dólares) a favor de 9.861 beneficiarios, entre víctimas directas y sus herederos.
Pero el programa se desaceleró en 2020, año en que únicamente se ha pagado a cuatro beneficiarios, a pesar de existir una cartera de indemnizaciones de más de 143.000 millones de guaraníes (21 millones de dólares) a favor de 1.653 víctimas directas ya acordadas y pendientes, en algunos casos desde 2013.
En noviembre último, el Ministerio de Hacienda informó que este año se abonarían las indemnizaciones correspondientes a 91 víctimas. «En el presupuesto hay 3.000 millones (442.000 de dólares), pero la deuda es muchísimo más», advirtió Valiente.
«El Gobierno no da el debate público sobre esto. Lo que podría parecer una posición oficial es la línea argumental construida sobre dos ejes: la onerosidad -esto es caro, no es prioritario- y la desestimación de la experiencia de la víctima, a partir de deslegitimar su reclamo, la validez de la experiencia», repasó el abogado.
