Alberto Fernández anunció este martes el envío al Congreso de un proyecto propio de ley de “Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto”. Se inscribe así como el primer mandatario de la historia argentina en proponer el tratamiento de un proyecto que retoma una gran demanda de los movimientos feministas: ampliar derechos para que todas las personas gestantes puedan decidir de manera autónoma sobre sus cuerpos.
Por su parte, un plenario de comisiones de la Cámara baja emitirá el próximo miércoles dictamen sobre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), luego del debate de este viernes, última jornada de las reuniones informativas en las que expusieron 70 oradores, a favor y en contra de la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo.
Así, tras la reunión por teleconferencia que mantuvo el plenario de comisiones de diputados, la del miércoles se realizará en forma presencial, así como también las previstas para el jueves y viernes, que se prevé se extenderán al menos por 20 horas.
Junto con el proyecto de legalización del aborto se tratará el Programa de los 1000 días, también iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca proteger a las mujeres embarazadas y a los niños hasta los primeros años de la infancia.
La jornada de este viernes
Con la reunión de comisiones realizada, culminó la primera etapa de la discusión del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14, que comenzó el último martes con las exposiciones de los ministros de Salud Gines González Garcia, de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra.
A lo largo de las cuatro jornadas, el plenario estuvo conducido por los presidentes de las comisiones de Legislación General Cecilia Moreau, de Legislación Penal Carolina Gaillard, de Mujer y Diversidades Mónica Macha, y de Acción Social y Salud Pablo Yedlin.
Una lucha por décadas
En Argentina, la interrupción del embarazo es legal bajo el sistema de causales. Esto significa que desde 1921 las mujeres y personas gestantes tienen derecho a dar término a sus embarazos si representa un riesgo para su vida o para la salud, o si es producto de una violación.
La lucha de grupos feministas y del movimiento de mujeres por el derecho a decidir voluntariamente el curso de sus vidas instaló en la agenda social y política el debate del aborto y de las consecuencias del actual status legal.
En 2018, luego de movilizaciones multitudinarias de punta a punta del país a favor de la autonomía y la ciudadanía plena de las mujeres, el gobierno de Mauricio Macri autorizó el tratamiento de la legalización del aborto en el Parlamento.
Con la aprobación en Diputados, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14 de la Campaña Nacional pasó a la Cámara Alta, y en la madrugada del 9 de agosto de 2018 fue rechazado por el Senado con 38 votos negativos y 31 a favor.
