Este jueves, 18 de junio, se producirá una nueva instancia en el fuerte e inédito conflicto salarial de los trabajadores de la Justicia de Córdoba. Por iniciativa de la cartera laboral y de Justicia, Julián López, se abrió una mesa de diálogo en la Secretaría de Trabajo. Fueron convocados el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (Agepj).
Uno de los ejes de las protestas característico de los trabajadores de los tribunales provinciales es que, a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, se suman los incrementos que dispuso la Provincia de aportes a la Caja de Jubilaciones y del Apross. Esa situación aleja la pretendida y progresiva equiparación salarial con sus pares de la Justicia Federal.
¿Descuentos por paros?
En la antesala del primer encuentro ante el organismo estatal, hay rumores que en la Dirección de Administración del Poder Judicial recibieron directivas para liquidar los salarios de junio con descuentos por los días de paro de abril y mayo. El mismo trascendido coloca esas mermas en el bolsillo de los trabajadores entre $250.000 y $400.0000, según la categoría, para el próximo haber a cobrar los primeros días de julio.
No habría que descartar que la instancia de diálogo se abra con condiciones bilaterales: no a los descuentos a cambio de que no se reiteren las medidas de acción directa que están afectando muchísimo la prestación de Justicia, en especial a las Unidades Judiciales donde se reciben las denuncias de vecinos por delitos, tanto en Capital como en el interior provincial.
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Ayer el gremio realizó una asamblea extraordinaria donde, tras una ardua discusión, se aceptó la apertura de una mesa de negociación. Sin embargo, la directiva del sindicato y los delegados acordaron establecer un plazo perentorio: la propuesta del empleador deberá realizarse entre el 18 de junio (inicio de la mesa) y el 30 de junio.
En caso de no recibir una propuesta o de que la misma sea rechazada, se llevará adelante el paro votado de 72 horas para los días 1, 2 y 3 de julio, dejando en suspenso su ejecución a resultas de la mesa de negociación.
También quedó decretado un paro de 60 horas para después de la feria, sujeto a la misma condición.
Una larga lista de reclamos
El conflicto comenzó en marzo. La Agepj fijó una serie de reclamos. Además de la defensa del salario y la equiparación salarial, exigió la suspensión de la Ley de Equidad Jubilatoria 11.087, moción que comparten el resto de gremios estatales.
También solicitó el pase a planta permanente del personal contratado, el fortalecimiento de la carrera judicial, abordando temas como permanencia en categoría, ascensos y mecanismos de reconocimiento del trabajo judicial, mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo, incluyendo la regulación del teletrabajo o modalidades híbridas, la sobrecarga laboral existente en muchas oficinas, mejores condiciones edilicias e infraestructura, ampliación y creación de licencias por cuidado y políticas para prevenir el desgaste psicosocial.
Un conflicto inédito
La característica sobresaliente, este año, es la incorporación a las protestas de funcionarios -secretarios y prosecretarios- de fiscalías, tribunales y defensorías públicas. En paralelo a las acciones gremiales de los empleados, los martes y jueves al mediodía se reúnen en espacios comunes de los tribunales y realizan un aplauso simbólico como protesta.
A tal punto los funcionarios se ven involucrados, que un importante grupo inició trámites administrativos para reclamar por los descuentos a la Caja -subieron del 6% al 8%– y al Apross. Los presentaron de a centenares la semana pasada en la Dirección de Administración del Poder Judicial. Esa situación provocó que la equiparación salarial que rige por ley desde hace más de una década para ese sector y los magistrados, se evaporó y hoy en lugar de que los salarios representen el 90% de los federales, cayó al 77% por el impacto de las quitas mencionadas.
Además, desde hace meses la Asociación de Magistrados viene pidiendo audiencia al TSJ e instando a las autoridades del gobierno provincial. Se amparan en la intangibilidad constitucional de los ingresos de los jueces.
