Real Madrid vuelve a enfrentar al Barcelona y lleva el caso Negreira a la UEFA

El Real Madrid envió un escrito a la UEFA en el que pide que se analice el caso Negreira y se tomen posibles medidas disciplinarias. El club considera que hubo pagos durante varios años a empresas ligadas al ex vicepresidente arbitral José María Enríquez Negreira, que serían poco claros y sin una explicación justificada.

En su planteo, el club presidido por Florentino Pérez sostiene que estos hechos podrían ser muy graves para la integridad de las competiciones. Según su postura, se trataría de una posible influencia sobre el sistema arbitral que no encaja con los principios de igualdad, neutralidad e imparcialidad que exige la Federación en el fútbol profesional.

La tensión entre ambos clubes atraviesa uno de sus momentos más críticos. La relación entre las directivas está completamente rota y el cruce de acusaciones se trasladó al plano judicial. En este contexto, el Barcelona anunció que estudia acciones legales contra Florentino Pérez, tras considerar que sus declaraciones públicas dañan la imagen del club y constituyen calumnias.

El Blaugrana inició un proceso de conciliación en el que exige una rectificación del presidente del Real Madrid por manifestaciones que considera falsas y ofensivas. En caso de no producirse esa retractación, el club catalán avanzará con una querella criminal.

Las palabras que desataron la reacción del Barsa se produjeron durante una intervención de Florentino en pleno contexto electoral, en la que aseguró que el caso Negreira es «la mayor corrupción que ha habido en la historia del fútbol español». En ese sentido, el dirigente fue más allá al cuestionar el impacto deportivo del caso y afirmó: » Gané siete Ligas, pero podrían haber sido 14 porque las otras me las robaron».

La investigación judicial analiza los pagos realizados por el Barcelona durante casi dos décadas a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Las transferencias se habrían producido entre 2001 y 2018, y alcanzarían alrededor de 7,3 millones de euros.

La Justicia intenta determinar si estos pagos tuvieron influencia en decisiones arbitrales o si correspondían a servicios de asesoramiento técnico, tal y como sostiene el club catalán desde el inicio del caso. El procedimiento sigue abierto y sin resolución definitiva.

En paralelo, el Real Madrid intensificó su actividad institucional ante la UEFA, reclamando que se analice el impacto del caso en la integridad de las competiciones europeas.