Los policías acusados de asesinar y encubrir el crimen de José Antonio “Beco” Ávila, ocurrido el 4 de julio del 2020 en Villa El Libertador en el marco de un operativo, recibieron condenas leves por un caso de “gatillo fácil”.

El principal acusado, el cabo Lucas Gonzalo Navarro fue condenado a una pena de prisión efectiva de once años por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego. 

El fiscal Marcelo Hidalgo, con el apoyo de la querella, había pedido la pena de prisión perpetua por su condición de policía. 

Por su parte, el cabo Sebastián Gabriel Juárez resultó condenado a tres años de prisión efectiva por el delito de encubrimiento agravado por la calidad de funcionario público. Además, se le impuso una inhabilitación para ejercer cargos como miembro de la fuerza de seguridad por el término de cinco años. Seguirá en libertad hasta que la sentencia quede firme. 

La fiscalía había pedido para Juárez 5 años y 6 meses de cárcel. 

El cabo Navarro contra la pared; de este lado, el cabo Juárez.

Las condenas fueron impuestas en forma unánime por la Cámara 3ra. del Crimen y un jurado popular. 

El fallo provocó el repudio y hondo dolor entre los familiares de Ávila, que no podían salir de su asombro por la levedad de las penas. 

“No puede ser esto, fue comprobado el asesinato y ¡le dan once años! No corresponde, ¿dónde estamos parados como sociedad?”, se preguntaba Luis Ávila, padre de la víctima entre las escenas de dolor de los familiares. “Injusticia, acá no hay justicia”, exclamaba entre llantos una tía de Beco. 

En sus últimas palabras, el cabo Navarro dijo que todo se había tratado de un “accidente de trabajo”, mientras que la fiscalía y la querella buscaron demostrar con el material probatorio que hubo una intención de matar (dolo directo)

 Beco Ávila era vendedor ambulante y fue ultimado por Navarro al cabo de un alocado intento de control policial. Después de herirlo mortalmente con un disparo de frente en el tórax, los policías se fueron del lugar y no reportaron el operativo. 

Damián Morales, abogado del estudio Nayi a cargo de la querella, dijo “no estar para nada conformes con el fallo, pero queremos ser respetuosos y conocer los fundamentos de la sentencia para ir a un recurso de casación”.

Dijo que lo sorprendió la levedad de las condenas. “Muy alejadas de lo que pidió el fiscal y sostuvo la querella, sorprende que haya sido unánime  porque creemos que la prueba era contundente y que había quedado acreeditado que acá hubo un dolo directo, una intención homicida”. 

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