La confirmación de la condena al ex vicepresidente Amado Boudou llega con un escenario político y judicial muy similar al de 2012, cuando el caso salió a la luz pública. La situación procesal de Boudou ensancha la grieta interna entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Se miran con desconfianza. Ella cree que él no avanza con una verdadera reforma judicial por algo más que la necesidad de no confrontar con ciertos sectores. Cree, en definitiva, que tiene algún grado de acuerdo con el estatus quo imperante.

Pide que se avance contra los jueces que fueron responsables de lo que ella llama Lawfare durante los cuatro años del macrismo, pero mira como en pocas semanas varios fallos produjeron el efecto contrario. Acusa -ella y varios dirigentes del kirchnerismo- a Fernández y a la ministra de Justicia de inacción deliberada.

El presidente en público se muestra en sintonía con Cristina y cuestiona, por ejemplo, la figura del arrepentido. Pero la reforma judicial no avanza al ritmo que el kirchnerismo quisiera.

El origen de Ciccone

Uno de los nombres en la lista negra del kirchnerismo es el de Daniel Rafecas. Fue el juez federal que desató hace ocho años el torbellino judicial sobre Boudou, cuando ordenó un allanamiento en su departamento de Puerto Madero por considerar que había elementos sólidos en su contra en el caso Ciccone.

Rafecas es el candidato de Alberto Fernández para la Procuración. Cristina Kirchner, que declaró que la reforma judicial que presentó Alberto no es una reforma integral, cambió desde el Senado el método para la designación del jefe de los fiscales. Rafecas anticipó que no aceptará ser electo con ese método.

El juez fue apartado de la causa Ciccone por la Sala I de la Cámara Federal cuando el propio Boudou filtró chats entre el magistrado y uno de sus abogados, donde le daba consejos de cómo, en teoría, esquivar las esquirlas del caso.

Uno de los fragmentos, que luego se reprodujo en la prensa, aconsejaba a Ignacio Danuzzo Iturraspe “cuidarse las espaldas” porque había gente en el gobierno “que se quiere despegar”. 

Boudou
Boudou denuncia desde el Senado a Rafecas y Righi.

Aquella Sala que separó a Rafecas estaba integrada por tres camaristas, dos de los cuáles ya no están en el Poder Judicial. Eduardo Freiler fue destituido en 2017 por mal desempeño, Eduardo Farah fue trasladado por el macrismo y Jorge Ballestero renunció en 2018, cuando el Consejo de la Magistratura lo investigaba e impulsaba su destitución por el fallo que liberó a Cristóbal López.

La condena a Boudou la impartió ese mismo año el Tribunal Oral Federal número 4 a cargo de Pablo Bertuzzi. Luego de ello, Bertuzzi fue trasladado a la Cámara Federal. Para Boudou fue “un premio” de Macri al juez por haberlo condenado.  

El traslado de Bertuzzi fue confirmado provisoriamente por la Corte Suprema de Justicia hace exactamente un mes, el 3 de noviembre de 2020. Deberá rendir un concurso y ganarlo si quiere quedarse. 

Cristina Kirchner se refirió varias veces al tema. Una, precisamente, cuando el Senado que ella conduce quiso revocar los traslados de Bruglia y Bertuzzi. “¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país?”, escribió en sus redes.

El kirchnerismo cree que los responsables de ese “Lawfare” o guerra jurídica deben ser removidos. Este mismo 3 de diciembre varios referentes se pronunciaron sobre el tema, uno de ellos fue Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Kirchner. Escribió en Twitter: “¡Y seguimos mirando cómo nos llevan por delante sin hacer NADA!”. Resume lo que cree Cristina Kirchner, que Alberto no se mueve para modificar la situación de un Poder Judicial que, para ella, necesita una reforma de raíz. 

MC