El subscomisario Juan Manuel Velázquez recuperó la libertad. Se trata del comisionado policial que trabajaba como colaborador de distintas Fiscalías especiales de la Justicia Provincial: Delitos Complejos, Anticorrupción y Cibercrimen. El 14 de agosto su detención causó estrépito en Tribunales 2. A dos semanas de aquel episodio, ya se encuentra libre. La noticia se conoció en las últimas horas.

Continuará siendo investigado por dos fiscales: Matías Bornancini (Anticorrupción), quien lo imputó por presunto abuso de autoridad; y Patricia García Ramírez, por presunta violación de secreto.

En el primer caso, habría prestado su uniforme policial y el chaleco antibalas a una persona vinculada a un grupo narco que actuaba en Villa Richardson. En el segundo, habría enviado por mensajería a esa misma persona información sensible sobre procedimientos judiciales.

Según trascendió, al haberse reunido la prueba para continuar ambas pesquisas no había posibilidad de entorpecimiento ni interferencias a la investigación. Por esa razón fue excarcelado a los pocos días de la detención, aun antes de la indagatoria.

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Efectos colaterales

Uno de los coletazos de la detención fue la lupa que pusieron algunos abogados defensores sobre las causas donde intervino Velázquez.

Apenas se conoció la noticia, Benjamín Sonzini Astudillo, defensor de tres personas imputadas por usurpación de lotes en Cuesta Blanca pidió la nulidad de las declaraciones de sus clientes al señalar que el fiscal de Delitos Complejos que dirige esa investigación, Enrique Gavier, basó sus sospechas en “informes policiales defectuosos y falsos” de Juan Manuel Velázquez.

Los imputados a los cuales asiste el letrado en ese expediente son Aldo Galiano, Alexis Galiano y Graciela Moreyra, imputados por usurpación.

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El abogado pidió que se haga una «inspección jurisdiccional» en el lugar, señaló que los hechos imputados a sus defendidos son «inexistentes» y que el fiscal se basó «pura y exclusivamente en el mendaz informe suscripto por Juan Manuel Velázquez», en diciembre de 2024. También denunció al subcomisario, pero la fiscal García Ramírez archivó la presentación casi de inmediato.

El fiscal rechazó los planteamientos del defensor, afirmando que la imputación se sustenta en una amplia variedad de pruebas, que los informes no son contradictorios y que los propios imputados alteraron el estado de los terrenos, lo que invalidaría la inspección propuesta.