El sorprendente aumento del impuesto Inmobiliario provincial ha generado revuelo ciudadano e institucional.
Mientras los contribuyentes más enojados convocan a una “rebelión fiscal” en las redes sociales -es decir, a no pagar los tributos-, los legisladores opositores buscan capitalizar el descontento social para cuestionar el régimen tributario del peronismo hegemónico.
En la sesión de este miércoles en la Unicameral, la oposición pedirá se trate sobre tablas un proyecto que retrotrae los valores a diciembre de 2024 por considerar que hay contribuyentes que recibieron subas de más de 1.000 por ciento.
En la práctica, esto significaría para el oficialismo recaudar los mismos valores que el año pasado, algo improbable de acordar.
Por caso, un proyecto del legislador radical Dante Rossi plantea algo razonable: que se vote la prórroga del vencimiento del pago único del Inmobiliario por 30 días, estableciendo como tope máximo de actualización para todos los casos, sin excepción, del 172,51 %, tal como lo determina el RIPTE.
El oficialismo desmiente la existencia de aumentos exorbitantes y argumenta que apenas el 1% de las cuentas (18.000 contribuyentes) tuvo aumentos superiores al tope fijado por Rentas. No es lo que parecen reflejar las redes y los medios de comunicación, donde el fastidio por el aumento es generalizado.
“El gobierno no puede hacer avivadas. Pretender cobrar más que lo que determina la norma no es legal”, argumenta el legislador Rossi, para quien es tan “alevoso” el aumento y floja la explicación gubernamental que los contribuyentes están “desamparados”.
En tanto, el legislador vecinalista Rodrigo Agrelo insistirá con su pedido de interpelación del ministro de Economía, Guillermo Acosta, junto con los responsables de la Dirección General de Rentas.
La narrativa oficial
Por su parte, el gobernador Martín Llaryora busca contrarrestar el embate opositor con anuncios de obras públicas para justificar que el aumento de la presión fiscal provincial regresa en obras para la gente.
“En un momento en el que en el país se pierden puestos de trabajo, estamos haciendo un tremendo esfuerzo para que Córdoba no pare”, sostuvo al anunciar ayer la construcción de un altonivel para la avenida Vélez Sarsfield, en la zona sur de la Capital. Una megaobra presupuestada en casi 48 mil millones de pesos.
Llaryora busca persuadir a la población de que su “modelo cordobés inclusivo” necesita de altos impuestos para financiarse. Más, con la carestía de transferencias nacionales por fuera de la coparticipación automática.
Añorando a De la Sota
El legislador libertario Agustín Spaccesi, que suele votar con el oficialismo, esta vez se desmarcó del “impuestazo”.
“Usted citó al exgobernador José Manuel de La Sota como ejemplo. Le recuerdo que De La Sota, en tiempos difíciles, les bajó los impuestos en un 30% a los cordobeses en 1999. El esfuerzo es entre todos, por eso volvemos a decir: No al impuestazo cordobés”, fustigó Spaccesi en las redes, donde afirmó que el superávit llaryorista “es producto del impuestazo al que nos somete”.
En la reunión de Labor Parlamentaria se definirá el temario a tratar en la sesión de hoy. Puede pasar que el peronismo habilite la discusión y luego imponga su leve mayoría para rechazar de plano el pedido de reconsideración del impuestazo, o sorprenda con la sanción de un proyecto de ley que contemple el malestar de los contribuyentes.
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