Luego de la publicación sobre el malestar de algunos puesteros por la tarifa de alquiler para comercializar comidas en la edición de este sábado de la fiesta de Urkupiña, en Villa El Libertador, se sumaron más voces críticas por la situación.
Pamela Olivera, junto a su madre “doña” Alicia Olivera, participan hace más de diez años de la festividad ofreciendo los productos típicos de Bolivia. Pero este año desistieron de hacerlo por los altos precios fijados para poder vender durante el festejo.
“Es una locura los precios fijados por la comisión, un abuso”, denuncia Olivera al contactarse con este periódico. “Ellos dicen que es dinero para gastos de la comisión, pero los mayores gastos los afronta el Estado”, aporta.
La denunciante se refiere que tras ser declarada de interés cultural y patrimonial, el Estado aporta la logística para el funcionamiento de la fiesta. Esto es: vallado de calles, sonido, luces y escenario; servicio de seguridad, ambulancia y bomberos; inspectores de tránsito y baños químicos. Baños gratis pero tarifados a los vecinos por la comisión.
En el marco de una reunión llevada a cabo el 27 de julio pasado en la casa de “doña Domi”, se les notificó a los “señores y señoras del grupo comideras”, los valores fijados para poder vender este finde de semana.
Dice el mensaje de WhatsApp enviado al grupo: “Los precios fijados para este año son: 45 mil pesos puesto grande. 30mil puesto chico, eso seria para el día sábado 17 de agosto. Y los puestos del día viernes16 de agosto serán de 20mil pesos”.
“Es un atropello, es mucha plata para una comidera que además tiene que invertir mucho dinero para comprar la mercadería, pagar fletes y ayudantes”, describe Olivera, y compara la diferencia de precios con lo cobrado el año pasado: “14 mil pesos”, según detalla.
La recaudación estimada para la comisión organizadora por el alquiler de los puestos supera los 1,5 millones de pesos, si se tiene en cuenta un cálculo de 15 puestos previstos para el viernes y 34 para el sábado.
“Adónde va toda esa plata, porque ellos (por la comisión) jamás rinden cuentas”, denuncia Olivera. Además, si bien admite que viene siendo una tradición pagar todos los años, se cuestiona también “por qué hay que pagar para un espacio público”. Y por qué, además, hay que pagar tanto, “cuando en otras ferias de barrio te piden siete mil pesos por un tablón”.
Olivera revela que “hay otras comideras que piensan como yo, pero no se animan a denunciar porque temen perder el puesto de venta para siempre”. Esto supone una apropiación y usufructo del espacio público por parte de la comisión.
Por último, sostuvo: “Me gustaría que el municipio interviniera para que todos podamos vender y para que la plata de la comisión se vaya en algo útil para el barrio”.
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