El juez federal Sebastián Casanello dispuso la inhibición general de bienes de 28 dirigentes piqueteros y de cooperativas en el marco de la causa por presuntas extorsiones para que beneficiarios de planes sociales concurran a marchas.
El procedimiento había sido solicitado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó en diciembre pasado, para denunciar eventuales presiones a beneficiarios de planes sociales para acudir a la primera marcha de la CGT contra el gobierno de Javier Milei como condición para cobrar la ayuda estatal.
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De esa manera, el magistrado dispuso la inmovilización general de bienes para los dirigentes sociales imputados por el delito de extorsión, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Polo Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha. Sumado a esto, hizo alusión a la aplicación de los convenios internacionales que obligan a la Argentina a combatir la corrupción.
La decisión de Casanello tuvo lugar en la misma jornada en la cual la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se presentó ante la Justicia para asumir como querellante en la causa. La funcionaria, que es denunciante, hizo la presentación mediante el abogado Oscar Soto, y el juez debe determinar si reviste la calidad de víctima.
La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad en virtud de la investigación iniciada por las llamadas recibidas a la Línea 134, con acusaciones anónimas y otras hechas por personas que se identificaron. Las mismas manifestaron ser amenazadas con perder los beneficios del Plan Potenciar Trabajo u otro todo tipo de asignaciones y planes sociales si no se sumaban a las movilizaciones sociales.
Según informó La Nación, hubo 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse 2.720 y 924 se transformaron en denuncias. Si bien se citó a las víctimas de los casos, solo cinco se animaron a declarar, bajo reserva de identidad. Para la Justicia, eso muestra el nivel de temor de las víctimas o el poder de quienes lo coaccionaban.
Los delitos imputados por la fiscalía son de extorsión, amenazas coactivas y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.
Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con “multas” para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a las manifestaciones (en algunos casos era de 10 mil por cada una de ellas) o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores.
También había “listas de espera” de personas que querían acceder al plan Potenciar Trabajo y eran obligados como mérito a ello a realizar trabajos; los “beneficiarios comunes”, que eran los que lo recibían y como contraprestación debían ir a marchas o hacer “un aporte” al comedor; los “delegados”, que recibían el doble o triple ayuda, y los “referentes”, quienes controlaban la administración de fondos y ordenaban a los anteriores.
Como prueba, la fiscalía cuenta con los mensajes donde los referentes o delegados transmitían las sanciones que eran el no retiro de alimentos o el aporte por no asistir a una marcha determinada. “Compañeros que tienen 0 movilizaciones y que pasarán a lista de espera”, reza el hallazgo de esos mensajes.
Quiénes son los dirigentes sociales imputados
La denuncia plantea que los acusados habrían «exigido coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’».
Se informó que hay 28 imputados: Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
En los documentos judiciales también se manifiesta que los involucrados habrían canalizado los «fondos ilícitos provenientes de las extorsiones» mediante cooperativas, razón por la cual no se conocería el destino final de ese dinero.
Por ello, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal y bancario de los acusados para analizar un «panorama global de sus patrimonios», y determinar si obtuvieron o no un rédito económico por hechos de coacción.
En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones, las cuales no fueron concedidas por el juez Casanello, y ameritó la intervención de la Cámara Federal, que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó este lunes.
Según pudo conocer PERFIL, la investigación estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), que llevó a cabo los 27 allanamientos en diferentes domicilios que fueron señalados como «pertenecientes» a las agrupaciones sociales. Además, el fiscal a cargo de la causa solicitó que los involucrados se presentan a prestar declaración indagatoria por los hechos.
Durante los operativos se secuestraron «dispositivos electrónicos de los imputados, planillas o cuadernos -donde se presume que tomaban asistencia o registros de pagos-; documentación vinculada a planes sociales, al funcionamiento de cada Unidad de Certificación o con personas jurídicas que funcionen como cooperativas o asociaciones civiles; comprobantes de pago de cápitas, cuotas, alquileres o mercadería; tarjetas bancarias o comprobantes de extracción de dinero en efectivo», acorde a lo que consigna el expediente.
