El narcotráfico se ha convertido en un actor político en todos los países de América Latina. Aunque más no sea por su capacidad para deslegitimar a líderes políticos, las redes de traficantes son catalizadores que complican y agudizan los conflictos políticos normales en nuestras sociedades. Detrás del narcotráfico está la DEA estadounidense, sea como reguladora o administradora de este sector de la economía. Si, además, este debilitamiento de la autoridad del Estado se combina con la tendencia de muchos dirigentes a maximizar las diferencias entre ellos, se debilita el poder del Estado, con gran provecho para los proyectos reaccionarios y las potencias extranjeras que acechan para reinstalar el autoritarismo y el coloniaje. Ésta podría ser la síntesis de la crisis boliviana actual.
El exvicepresidente boliviano Álvaro García Linera hizo este jueves 17 un llamado al presidente de Bolivia, Luis Arce, y al exmandatario y líder del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Evo Morales, para que resuelvan pacíficamente las crecientes diferencias y tensiones internas entre ellos. Hablando con el diario paceño La Razón, García opinó que “esto ya se resuelve sólo a nivel de Evo y Luis” y manifestó su temor de que la derecha saque rédito del enfrentamiento entre el MAS y el gobierno.
La declaración del exvicepresidente se produjo después de que este mismo jueves Evo Morales volviera a acusar al gobierno de armar un plan para encarcelarlo, denunciara el hostigamiento y la denigración contra militantes que le son leales y cuestionara a “los operadores del divisionismo, la traición y el oportunismo”.
Ya el miércoles 16 la conducción del MAS-IPSP había anunciado que, si Luis Arce pretende buscar su reelección, deberá hacerlo por otra fuerza y renunciar al cargo, para no tener la ventaja de competir desde la presidencia.
Del otro lado, el ministro de Justicia Iván Lima, quien anunció esta semana que llevará a la justicia a Morales acusándolo de “difamación”, aclaró este jueves que la demanda es “de carácter personal y no compromete al gobierno ni al ministerio de Justicia, porque es un tema privado”.
La decisión del liderazgo masista –una ruptura definitiva con el gobierno de Luis Arce- se dio al día siguiente de que se conociera una carta abierta del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. El documento sucedió a la aprehensión el lunes de dos miembros de su banda en ocasión de un allanamiento de la mansión que Marset tiene en Santa Cruz. El criminal, buscado en Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, escapó poco antes del operativo.
En su misiva el narco llamó “sapo” al ministro, del que dijo que participa en la actividad ilícita bajo el seudónimo de “Sonia”. “Al sapo se le terminó la info y no me encontraste?? BURROOOOOOOO”. “No quieras quedar bien con tu pueblo porque ya estás bien manchado. Acá, el único falso sos vos, ¡que no te decidís si sos político o narco!”.
Ya hace un mes el ministro Castillo había sido censurado por la Asamblea Plurinacional Legislativa (APL) con los votos de la oposición y del sector del MAS que responde a Evo Morales. No obstante, el voto parlamentario, empero, el presidente ratificó entonces al ministro en su cargo.
En este contexto no contribuye a la pacificación de los ánimos que este jueves el fiscal general de La Paz haya enviado a prisión preventiva a Jhony Mamani, gobernador del Departamento de Potosí, en el sur del país. Según el procurador, se detectaron “movimientos sospechosos” en las cuentas del gobernador, a quien se acusa de estar involucrado en una maniobra de lavado de dinero relacionada con la introducción irregular a Bolivia de 87 automóviles.
Al mismo tiempo el Grupo de Expertos Interdisciplinario, que investigó la masacre de Senkata en la que el gobierno golpista de Janine Añez asesinó en noviembre de 2019 a decenas de personas durante las protestas realizadas en El Alto contra el alzamiento, se quejó de que, pasados casi dos años desde los hechos, el gobierno de Luis Arce no ha llevado a juicio a los responsables ni ha reparado a las familias de los muertos.
No obstante, las diferencias, a pesar de la fractura del MAS-IPSP y de las concesiones que el gobierno de Arce ha hecho a la derecha cruceña, no hay indicios de que esté cambiando su orientación y acercándose a EE.UU. Muy por el contrario: según informa Infobae, el 16 de agosto el comandante de las fuerzas armadas de Bolivia, general Hugo Eduardo Arandia, se reunió en Moscú con el viceministro de Defensa, Alexandr Fomin, y, de acuerdo a la agencia EFE, ambos ratificaron “la disposición mutua de profundizar el diálogo y la interacción práctica, con el fin de llevar a cabo actividades conjuntas de interés mutuo”. También se encontró allí con el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela, Renier Enrique Urbáez, para intercambiar experiencias.
Si se tiene en cuenta que el domingo 13 llegó a Bolivia la primera vasija del reactor nuclear experimental que Bolivia compró a Rusia y que se instalará en El Alto, resulta claro que los vínculos entre ambos países se incrementan día a día. O sea que el enfrentamiento entre ambas facciones no responde a diferentes enfoques sobre el alineamiento internacional del país.
Últimamente Evo Morales está utilizando varias veces por día la plataforma X, para atacar al gobierno de Luis Arce. Según el expresidente, el ministro de Justicia Iván Lima, los diputados llamados “renovadores” y un grupo de jueces quieren postergar indefinidamente la elección de las autoridades superiores del Poder Judicial que reemplazarán a los que concluyen su mandato en cuatro meses. Según la Constitución de 2009, las máximas autoridades del Poder Judicial son elegidas por el pueblo por un período de cinco años. La próxima elección debería realizarse en diciembre de 2023. Para justificar la postergación de esta elección, argumenta, inician un proceso contra él que lo inhibiría para presentarse a la reelección en 2025.
El indiscutido líder del MAS-IPSP acusa, además, al ministro de que su estudio de abogacía (ahora regenteado por su hermano) representa a una empresa que procesa contra el Estado por 35 millones de dólares. Su furia también se dirige contra dos magistrados del Tribunal Constitucional que tratan de impedir el próximo congreso del MAS-IPSP del 3 al 5 de octubre próximo en Lauca-Ñ, en el trópico de Cochabamba.
En junio pasado la dirigencia del MAS, liderada por Morales, había definido realizar allí su congreso ordinario y elegir a su nueva dirección. Contra esta decisión días después surgieron pedidos de algunos dirigentes del ala arcista, para trasladar el encuentro a El Alto. Este pedido generó una nueva disputa interna en el partido gobernante.
Según afirmó el vicepresidente del MAS, Gerardo García, en el congreso partidario se sancionará al binomio presidencial por “faltas graves”.
Según el exministro Hugo Móldiz, alineado con Arce, la crisis dentro del MAS-IPSP tiene que ver con la ausencia de un espacio de resolución de las contradicciones y tensiones que se produjeron, porque, por primera vez desde 2005, el liderazgo político y el del gobierno no coinciden en la misma persona.
Por su parte, el abogado de derechos humanos Nelson Cox, partidario de Evo, sostiene que el entorno de Luis Arce le ha hecho creer que es el nuevo referente de Bolivia y paladín del MAS y que su vínculo con Evo Morales lo perjudica.
A su vez, el exministro de Minería Isaac Pimentel argumenta que no hay tendencias, son simpatías e intereses. El MAS-IPSP es un instrumento de las organizaciones sociales, en sí no es un partido, explica. Paulatinamente, la exigencia de una gestión acelerada y eficiente hizo que los dirigentes de la primera hora fueran sustituidos en el gobierno por profesionales, mientras que los sectores sociales del movimiento se convertían en beneficiarios, delegando su función dirigencial. La gestión gubernamental ha tenido un acompañamiento de las organizaciones sociales, pero no la orientación y dirección de las mismas, dice el exministro. Esta falta de reflexión sobre la práctica, añade, ha dificultado la profundización del Proceso de Cambio y que se prevean errores.
Esta retracción de la participación popular habría trasvasado el protagonismo a las elites que, entonces, se encerraron en su mundo y potenciaron sus desavenencias. Lo que al principio eran diferencias de estilo y de temperamento se han ido convirtiendo en diferencias ideológicas y estratégicas.
Ambas facciones dicen ambicionar la unidad, pero se achacan mutuamente haberla roto. Acusaciones mutuas de traición facilitan el camino a la derecha. Hacia las elecciones de 2025 se vislumbra en el oficialismo un escenario de división que la derecha sólo por ahora no capitaliza, porque también está fragmentada. Algunos dirigentes esperan que en esa puja medie la tercera vía dentro del oficialismo representada por el joven presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, un dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba y tercero en el orden de sucesión, quien se reconoce en el liderazgo histórico de Evo, aunque trata de hacer equilibrio en la interna, para que el gobierno no termine acorralado por su propio partido.
Ningún conflicto político o social se libra en el vacío. Como ilustra la evasión de Marset, el narcotráfico inficiona toda la política y las sociedades de nuestro continente y detrás del narcotráfico está la DEA norteamericana, sea como promotora, reguladora o administradora de ese sector de la economía mundial. El narcotráfico se nutre de la debilidad de los estados latinoamericanos y caribeños. Quien debilite la capacidad regulatoria de nuestros estados está, por consiguiente, favoreciendo su recaída en el colonialismo y la dependencia respecto a la mayor potencia del continente.
