La Ley de Memoria Democrática de España, que reavivó desde su sanción en 2022 los debates en torno a la transición democrática, habilitó que esta semana se comenzaran a exhumar por primera vez desde el Estado a las víctimas de la guerra civil (1936-1939) enterradas en la mayor fosa común del país y renovó las «esperanzas» de familiares, que en diálogo con Télam advirtieron que una victoria de la derecha en las elecciones de julio podría poner en jaque los «avances».
La madrugada del lunes, a la una y siete, las 128 familias que reclamaron por quienes están enterrados entre los 33.846 cuerpos que yacen en el monumental Valle de Cuelgamuros, a 54 kilómetros de Madrid, recibieron un correo donde el Gobierno de Pedro Sánchez les informaba que se iban a llevar a cabo las exhumaciones. Sin embargo, la noticia ya había sido dada por la prensa.
«Es una forma muy poco delicada de tratar a familiares que llevamos años con esa pelea», dijo a Télam Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y nieto del primer desaparecido de la represión franquista identificado genéticamente.
Al dar el anuncio, los funcionarios del Gobierno del Partido Socialista (PSOE) reconocieron algo que familiares de víctimas repiten: se llega «tarde».
La fosa, que el fallecido dictador Francisco Franco envió a construir en 1940 luego del fin de la Guerra Civil, es «un lugar de memoria democrática» desde el 19 de octubre de 2022, cuando España aprobó la ley que reemplazó a la de Memoria Histórica de 2007, y que dispuso que el ex Valle de los Caídos pase a llamarse Valle de Cuelgamuros.
El primer pedido de exhumación
Se tramitó por vía judicial y es el de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña, y es anterior a la norma. En 2016 lograron una sentencia histórica para recuperar los cadáveres. Las demás fueron reconocimientos administrativos.
Pese a esa sentencia, la Fundación Francisco Franco y un abogado particular pidieron a la Justicia que paralice los trabajos.
En marzo, el Tribunal Supremo rechazó esos pedidos y allanó el camino para las exhumaciones.
La descendencia Lapeña falleció en su mayoría, pero vive Purificación, que es la nieta y sobrina nieta respectivamente de los hermanos Manuel y Antonio, ambos fusilados en 1936 por el franquismo.
«Tengo más esperanza ahora, pero también tengo un poco de miedo, porque hay familiares mayores que no tienen tiempo. Y si hay un cambio político, esto se quedaría paralizado», dijo Purificación a Télam.
No se van a exhumar a los miles que yacen en la fosa, sino que cada familia tiene que presentar una instancia ante Patrimonio Nacional (que administra el espacio) y acreditar que allí está su familiar.
Silva enfatizó que son años de pelea por «algo básico, como es el enterrar a un ser querido donde se le dé la gana y no donde decidiera un dictador», y es que su abuelo, como los otros miles de cuerpos que estaban dispersos por el país, poblaron Cuelgamuros por pedido de Franco.
Como explicó a esta agencia el presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria (FEFFM), Arturo Peinado, estos cuerpos son de «republicanos asesinados en la guerra y en años posteriores, que trasladaron sin permiso y conocimiento de las familias a la tumba de Franco, algo así como a rendir honor al verdugo».
En tanto, el nieto de Emilio Silva Faba valoró el anuncio oficial, pero lo comparó con la exhumación que logró la familia de Franco, que en 2019 llevó al dictador con el ataúd en hombros y al que pudieron ir los familiares «que quisieron».
El otro político exhumado fue el fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera, en 2023.
«Ambas partieron de oficio del Gobierno, pero las de las víctimas parten de las víctimas», dijo a Télam el abogado de la familia Lapeña, Eduardo Ranz.
Purificación comentó que solicitó permiso para asistir a las exhumaciones, de las cuales no participan.
El miedo a la política
Pese a las críticas por las demoras y los modos, los familiares valoran los avances y temen que estos sean revertidos en caso de un cambio de signo político en julio.
El temor se basa en que el Partido Popular (PP) es el que mejor se posiciona para ganar las elecciones del mes próximo, según el promedio de encuestas realizado por RTVE y publicado el jueves.
Este, al igual que su potencial aliado, el ultraderechista Vox, votaron en contra de la norma de 2022 y manifestaron que la derogarían, alegando que divide y reaviva heridas en la sociedad.
Este año, presentaron recursos ante el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional.
«Lo del PP es una falsa pelea, porque la ley no va a juzgar a ningún franquista. No va a hacer un censo de verdugos, va a hacer uno de víctimas», dijo Silva, a cuya familia los falangistas le quitaron sus propiedades «a punta de pistola».
Ranz aspira a que las extracciones se produzcan «lo antes posible» para cotejar los ADN y, si bien no cree que se «ordene volver a introducir los cuerpos en Cuelgamuros», teme por quienes «ahora realicen esa misma petición, ya que sí pueden ser afectadas por el cambio de Gobierno».
Los entrevistados piden no solo mantener la ley de 2022, sino también derogar la Ley de Amnistía de 1975 porque «funciona como una ley de punto final» y junto a otras normas «impiden el acceso a la justicia», explicó el titular de la FEFFM.
En esa Ley de Amnistía, clave en la transición democrática, subyace la idea de reconciliación. Incluso fue en cierta forma graficada en Cuelgamuros, donde víctimas y victimarios fueron igualados.
Otra demanda de los familiares es la creación de un organismo estatal que perdure más allá de los vaivenes políticos o que si «ganara la derecha, esta tendría que hacer un trabajo más fuerte para eliminarla», dijo el titular de ARMH.
«El Gobierno eligió un modelo de subvenciones para buscar a los desaparecidos; distribuye recursos y las familias compiten entre ellas», criticó Silva, porque en caso de un Gobierno del PP y VOX solo alcanzaría con recortarlas o eliminarlas, como pasó en otros gobiernos de derecha previos.
Sin embargo, los consultados destacaron el paso -parcial- de un modelo de exhumaciones «privadas» y extrajudiciales a otro en el que el Estado se hace cargo de ellas, en un país en el que los familiares eran los encargados de buscar recursos y contratar forenses.
«La nueva Ley de Memoria asume el deber público de las exhumaciones y lo financia», dijo Ranz.
De todos modos, las exhumaciones privadas «no dejan de existir, son permanentes desde el 2000, que empezaron a aparecer las fosas del franquismo», aunque «jamás apareció un juez», explicó Peinado.
La demanda de jueces y forenses oficiales es común a los familiares. Además, la reglamentación de la norma aún está pendiente.
Esta semana el Gobierno nombró a Dolores Delgado como fiscal de sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, conforme a la Ley de Memoria, una nueva instancia para las víctimas.
«En España hay mucha gente con muy bajo nivel democrático y político. Los medios y los gobiernos no fomentaron una cultura democrática y política», dijo Purificación.
Para Peinado, el problema de «falta de cultura democrática» tiene que ver con que «el franquismo no fue derrotado en las calles» y porque «cuando ves los nombres de las víctimas, al mismo tiempo, se está señalando a los verdugos. Y si ves los apellidos de muchos jerarcas de la dictadura, estos se repiten en las fuerzas conservadoras del Parlamento».
