Durante el primer trimestre de 2026, el Gobierno de la provincia de Córdoba subejecutó de manera significativa los fondos destinados a programas alimentarios, educativos y de salud.
Al 31 de marzo, partidas críticas como la asistencia alimentaria no superaron el 10% de ejecución presupuestaria. Estos desvíos, detectados en informes de auditoría gubernamental, responden a demoras en procesos licitatorios, cuellos de botella administrativos y la postergación en la transferencia de recursos, lo que paralizó la provisión de servicios esenciales en la provincia.
El presupuesto total de la Administración General provincial para el ejercicio 2026 asciende a 12,04 billones de pesos. Si bien el devengado global alcanzó el 21,39% (2,57 billones de pesos) —una cifra cercana al parámetro óptimo del 25% esperado para el primer trimestre del año—, el desglose por áreas evidencia un freno de los recursos en los sectores de mayor vulnerabilidad.
Ministerios claves operaron por debajo del piso mínimo del 20%. El Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo ejecutó apenas el 15,73% de sus fondos, mientras que el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos registró un 10,84%.
El impacto de esta retención de fondos se observa nítidamente en la apertura por programas. El Programa Alimentario Provincial, que cuenta con un presupuesto asignado de 49.544 millones de pesos, devengó solamente 4.738 millones, lo que representa apenas un 9,56% de ejecución. En la misma línea, otras iniciativas del área de asistencia social muestran cifras cercanas a la inactividad: el Fortalecimiento Habitacional se situó en un 0,27%, el Desarrollo Emprendedor en 4,01%, el programa Córdoba con Ellas en un 11,42% y las Políticas de Género alcanzaron un 13,26%.
En materia educativa, la situación es similar. La reparación y ampliación de edificios escolares a través del programa Habitar la Escuela avanzó un 11,42% sobre un presupuesto de 43.733 millones de pesos. Asimismo, partidas específicas como la Conexión a Internet Estudiantil Gratuito (926 millones presupuestados) y el Fortalecimiento Educativo Territorial no registraron movimientos, manteniéndose en un 0,00% de ejecución.
Por el lado del sistema sanitario, los expedientes también operaron a la baja. La Lucha contra el VIH-Sida e ITS devengó el 14,45% de su partida, los Centros Asistenciales de Salud Mental un 16,93% y el Programa Federal Incluir Salud un 19,53%. Incluso el Recurso Solidario para Ablación e Implantes quedó estancado en un 9,54%.
El ámbito de la seguridad y el control institucional no escapa al patrón general. Dependencias como la Comisión Provincial de Tránsito y la Descontaminación de Vehículos presentan un 0,00% de ejecución. A su vez, el Policlínico Policial (3,30%) y la Seguridad Náutica (2,93%) documentan un marcado rezago.
Los datos contables reflejan una señal de alerta financiera y operativa. La falta de ejecución presupuestaria en el Estado no se traduce en ahorro, sino en la interrupción de políticas públicas destinadas a la contención social. Los parámetros de gestión advierten sobre la necesidad de emitir directivas urgentes para regularizar la distribución de las partidas y garantizar que los ministerios cuenten con los recursos estipulados por ley para afrontar el segundo trimestre del año.
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