En estas semanas de concentración y partidos no todo serán pases y goles. Mientras los principales dirigentes de la AFA, entre ellos Claudio Fabián «Chiqui» Tapia, están en Estados Unidos y México alentando a la Selección, seguirán conectados con Buenos Aires, donde los esperan varios frentes judiciales.
El Mundial 2026 arrancó para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) con una buena noticia en materia judicial: este martes, junto a la Superliga, obtuvo una medida cautelar de la Cámara Civil que frenó la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) para que los veedores pudieran tener acceso a los balances correspondientes al período 2022-2025.
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La intimación de la IGJ, a cargo de Alejandro Ramírez desde el alejamiento en marzo pasado de Daniel Vítolo, había llegado a mediados de mayo a la sede de la calle Viamonte, en la ciudad de Buenos Aires.
Esta misma semana, que coincide con el inicio de la Copa del Mundo, la Cámara en lo Penal Económico confirmó al juez Diego Amarante al frente de la investigación por presunta retención millonaria de aportes y facturación “trucha” contra los principales dirigentes de la AFA, entre ellos su presidente, “Chiqui” Tapia. Lo hizo al rechazar una presentación del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Amarante había procesado a Tapia, Toviggino y otros tres acusados en esa causa por la retención indebida de aportes por parte de la entidad, calculada en 19.000 millones de pesos. El procesamiento debe ser confirmado o rechazado por la Cámara en lo Penal Económico, que, además, tiene que decidir si admite el pedido de los acusados para que se les aplique la “reparación integral del daño”, es decir, que se considere que ya no hay delito porque cancelaron la deuda con ARCA.
La mansión de Pilar
Este jueves, la Cámara de Casación Penal ratificó que la Cámara en lo Penal Económico debe resolver quién investigará a los dueños de la quinta de Villa Rosa, partido de Pilar, que se atribuye a la AFA: debe definir entre la Justicia Federal porteña o el juez federal de Campana, Adrián González Charvay.
Los jueces Ángela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala I de la Cámara, rechazaron el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, que aparecen como los dueños de la quinta de Pilar. En rigor, Casación rechazó un recurso de Pantano y su mamá Conte ante la Corte Suprema. Aunque todavía pueden llegar al Máximo Tribunal con un recurso de queja.
La denuncia que originó este expediente la inició la ex diputada Elisa Carrió junto al legislador Facundo Del Gaiso y Matías Yofe cuando el 1 de diciembre pasado pidieron que se investigue el delito de lavado de activos.
Si la justicia vuelve al fuero Penal Económico, el juzgado que deberá definir es el número 10. Este miércoles, el Consejo de la Magistratura de la Nación aprobó el concurso para cubrir la vacante en dicho juzgado, que por ahora subroga la jueza María Verónica Straccia.
En el concurso que se aprobó este miércoles quedó en primer lugar Ignacio Labadens, pero no será elegido porque el Senado aprobó la semana pasada su pliego para ser juez de menores. En segundo lugar está María Juliana Márquez, secretaría de la Fiscalía Federal 1 de Comodoro Py. En tercer lugar, Matías Latino hoy secretario de la Cámara Federal de San Martín, el tribunal que tiene jurisdicción sobre el juzgado de Campana. Y en cuarto lugar María Pérez Cárrega, secretaria letrada del integrante del Consejo Alberto Lugones, quien votó a favor de que la causa pase a Campana.
La sentencia que firmó Lugones llegó a la Cámara Federal de San Martín a pedido de la defensa de Pantano y Conte, que solicitaron que el expediente pase a la justicia de Campana, que por jurisdicción abarca el partido de Pilar. El juez a cargo es Gonzalez Charvay.
Antes de viajar ratificaron una denuncia por amenazas en el predio de Ezeiza
Antes, la causa estuvo a cargo del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky que había planteado que la propiedad, que cuenta con pileta, bar, quincho, gimnasio, caballeriza y hasta un helipuerto, se compró con fondos desviados de la AFA. Pero a partir de la decisión de Lugones, la causa está en la justicia de Campana y salió del fuero Penal Económico.
La causa por amenazas
Antes de viajar al Mundial, Tapia y Toviggino ratificaron ante la Justicia la denuncia por amenazas telefónicas y en forma presencial en el predio de Ezeiza, ocurridas el 15 y 16 de mayo.
“Se recibieron llamados en el predio de AFA que está en Ezeiza, incluso el mismo 16 se presentó una persona en la AFA que sería la autora de los mismos y dijo que me buscaría en todos los predios”, reveló Toviggino según el sitio DataClave.
El autor de las intimidaciones ya fue identificado por el fiscal que actúa en la causa y se espera sea citado a declarar en los próximos días.
La pelota ya está rodando en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, mientras la justicia argentina avanza en los expedientes en los que están acusados los principales dirigentes del fútbol argentino.
