El Poder Ejecutivo de Tucumán salió a aclarar los fundamentos que motivaron el veto al proyecto de ley que buscaba crear un Cuerpo Provincial de Guardaparques, luego de que la legisladora Silvia Elías de Pérez manifestara su rechazo a la decisión y la publicación en La Gaceta del 16 de julio, titulada “Elías de Pérez repudió el veto a la ley que creaba el Cuerpo Provincial de Guardaparques”.
Si bien desde el Gobierno provincial reconocen el histórico anhelo de contar con un cuerpo especializado para fortalecer las políticas de conservación y gestión ambiental, advirtieron que el proyecto aprobado por la Legislatura presentaba serias inconsistencias que impedían su implementación efectiva.
Uno de los puntos centrales de la objeción radica en la forma en que se proponía financiar la iniciativa. El proyecto comprometía fondos específicos provenientes de otras leyes vigentes, como la Ley Provincial N° 8304 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, que fue creada en el marco de la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos N° 26.331, destinada a garantizar la protección y el manejo sustentable de los bosques nativos. También se afectaban recursos de la Ley Provincial N° 6292, cuyo financiamiento se basa únicamente en ingresos por sanciones, multas y cobro de aranceles, con destino a la preservación de la flora, fauna silvestre y áreas naturales protegidas.
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Desde el Ejecutivo señalaron que este esquema resultaba inadecuado e inestable, ya que no aseguraba una fuente de financiamiento segura, sostenible ni constante en el tiempo. Además, advertían que con esta medida se comprometían recursos vitales para sostener áreas ya existentes, como las Subdirecciones de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos y de Áreas Naturales Protegidas, dependientes de la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, autoridad de aplicación de ambas leyes.
Otro punto que motivó el veto fue el incumplimiento del artículo 52 de la Ley N° 6970 de Administración Financiera, al incluir como fuente de financiamiento “partidas presupuestarias provinciales” sin contar con la planificación necesaria para garantizar su disponibilidad.
Asimismo, desde el Gobierno subrayaron que las áreas técnicas, presupuestarias y legales de la Administración Pública Provincial, responsables en la materia, no fueron convocadas durante la formulación de la ley, lo que derivó en la omisión de aspectos clave como infraestructura, equipamiento, estructura organizativa y escalafón laboral. Según explicaron, estos elementos son esenciales para asegurar un funcionamiento operativo adecuado del nuevo cuerpo.
De esta manera, el Ejecutivo rechazó que el veto busque frenar una herramienta necesaria para la protección ambiental, sino que apuntó a evitar una contradicción: financiar un nuevo instrumento de protección debilitando otros ya existentes y en funcionamiento. En este sentido, recordaron que la ley vetada preveía la incorporación de 165 guardaparques, una cifra que requiere planificación, articulación interinstitucional y compromiso real con la sostenibilidad.
Finalmente, el Gobierno advirtió que sin estas condiciones, las buenas intenciones podrían transformarse en propuestas que generen más dificultades que soluciones para la gestión ambiental en la provincia.
